Facebook se enfrenta a una posible multa de 100.000 € por conservar datos borrados. Esto ha surgido ya que una persona ha interpuesto una denuncia al descubrir que Facebook mantenía 1.200 páginas que contenían información suya, a pesar de que él hace tiempo que decidió eliminar dicha información.  La situación está ahora en manos de la Comisión de Protección de Datos de Irlanda que someterá a una profunda auditoria a la red social a raíz de esta y otras quejas.

Además, el denunciante quiere poner en conocimiento de todos los usuarios su caso para que sigamos su ejemplo, puesto que considera que “con toda la información que Facebook tiene en su poder, tiene el poder sobre la gente”

Esta denuncia no es la primera a la que la red social se enfrenta. Ya en el pasado, su creador fue denunciado por su nueva política de privacidad puesto que varias asociaciones norteamericanas consideraban que "atentaba contra los derechos de sus usuarios".

Desde el Instituto Español de Privacidad queremos hacer dos reflexiones a la vista de esta noticia:

En primer lugar recordar que nadie está obligado a estar en Facebook por lo tanto, nuestra recomendación es que, aquel que no comparta la filosofía de Facebook (cuanta más información se comparta y con más gente mejor) es preferible que no se registre en la red social.

Por otro lado, si la Comisión de Protección de Datos Irlanda certifica en su auditoria que Facebook es culpable de violar la normativa de privacidad, la red social tendría una multa de 100.000 euros y quizás esta sanción no sea equitativa con la situación que se ha producido. Recordemos que debido a la modificación del régimen sancionador de la LOPD, la Agencia Española de Protección de Datos afirmó en un comunicado que “Se incorporará por primera vez la posibilidad de valorar la diligencia profesional sobre el tratamiento de datos exigible al infractor, su volumen de negocio y la actividad que desarrolla; así como una conducta diligente en el cumplimiento de la Ley" y si pensamos que probablemente existan millones de casos de personas que se encuentran en la misma situación del denunciante, y además se aplicaran los nuevos criterios del regulador español, podríamos decir que la sanción es más que insuficiente.